El reciente nombramiento de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) marca un momento clave para el sistema de justicia mexicano. Este nuevo órgano, surgido como parte de la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sustituye al Consejo de la Judicatura Federal y estará encargado de supervisar la conducta profesional de jueces, magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
En las elecciones celebradas el 1 de junio de 2025, Morena logró posicionar a cinco perfiles afines en la conformación del TDJ: Celia Maya, Verónica de Gyves, Bernardo Bátiz, Indira García y Rufino H. León. Los magistrados elegidos ocuparán el cargo por seis años, sin posibilidad de reelección, y tomarán decisiones de carácter definitivo, ya que sus resoluciones no admiten recurso alguno. Esto ha generado preocupación entre diversos sectores del ámbito jurídico y político, que advierten sobre una posible concentración excesiva de poder en manos del partido gobernante.
Especialistas en derecho constitucional, organizaciones civiles, colegios de abogados y exministros de la Suprema Corte han expresado su inquietud por el diseño y la implementación de este tribunal. Consideran que, si bien la intención de fortalecer los mecanismos de control sobre la actuación de los jueces es válida, existe el riesgo de que el TDJ se utilice como una herramienta de presión política. En un contexto donde el Poder Judicial ha emitido resoluciones contrarias a iniciativas del Ejecutivo, un órgano con estas características podría influir en la autonomía de los jueces.
Las dudas se amplifican por antecedentes recientes en los que la relación entre el gobierno y las instituciones ha sido tensa. En 2022, el programa «Loret», conducido por el periodista Carlos Loret de Mola, dio seguimiento a la desaparición de dos marinos que fungían como escoltas de un senador de Morena. A pesar de la gravedad del caso, no hubo una investigación concluyente ni responsables identificados, lo que dejó una sensación de impunidad y desconfianza hacia las autoridades. En ese mismo año, los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua y los comentarios del presidente hacia sectores de la Iglesia también contribuyeron a un clima de polarización y sospecha institucional.
En este entorno, el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial será observado de cerca tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades académicas han solicitado que su operación se base en criterios técnicos, imparciales y transparentes. Desde la oposición en el Congreso también se han elevado críticas sobre la manera en que se eligieron sus integrantes, destacando la necesidad de preservar la independencia de los órganos autónomos para evitar un desequilibrio en los poderes del Estado.
La creación del TDJ forma parte de un proceso más amplio de transformación institucional en México. Su impacto dependerá de cómo se ejerzan sus facultades y del compromiso de sus integrantes con los principios de justicia, legalidad y autonomía. A largo plazo, esta reforma podría marcar un precedente relevante para la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en el país.
