Morelia, Michoacán. En medio de un debate nacional sobre la protección de los derechos humanos de las personas LGBTQ+, el Congreso de Michoacán fue escenario de un nuevo llamado para prohibir formalmente las terapias de conversión, prácticas ampliamente condenadas por su carácter violento y su falta de sustento médico.

El diputado Reyes Galindo Pedraza, del Partido del Trabajo, hizo uso de la tribuna para exigir a sus colegas legisladores que dejen de postergar la discusión de las iniciativas que prohíben y sancionan las mal llamadas “terapias correctivas”, las cuales buscan modificar, reprimir o eliminar la orientación sexual o identidad de género de las personas mediante métodos agresivos y degradantes.

Estas prácticas, conocidas bajo el acrónimo ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género), pueden implicar desde intervenciones psicológicas forzadas, tratamientos hormonales sin aval médico, hasta métodos religiosos que van desde oraciones forzadas hasta exorcismos, ayunos extremos e incluso violencia física.

El legislador recordó que estas intervenciones causan graves secuelas emocionales, y que su existencia perpetúa la idea de que la diversidad sexual es una patología que debe ser “curada”. En 2022 presentó una iniciativa para prohibirlas en el estado, pero hasta la fecha no ha sido dictaminada ni discutida en comisiones.

Mientras 19 estados del país ya han tipificado estas prácticas como delito, Michoacán sigue sin legislar al respecto. Galindo pidió actuar con urgencia para dejar atrás el rezago y garantizar a todas las personas el derecho a vivir libres de violencia, discriminación y negación de su identidad.