El Congreso local aprobó una reforma clave al Código Penal de Michoacán para proteger a personas de la tercera edad y con discapacidad de fraudes cometidos por familiares, amigos o cuidadores que dispongan de sus recursos sin consentimiento.

La nueva figura tipifica como delito específico el abuso de confianza por disposición de fondos de beneficios sociales, castigándolo con prisión y multas. Además, obliga a los municipios a ofrecer acompañamiento legal gratuito a víctimas para que puedan presentar denuncias, aun cuando carezcan de recursos para pagar abogados.

Esta reforma responde a casos frecuentes donde adultos mayores entregan sus tarjetas de apoyo a un familiar para que retire el dinero y, en lugar de recibirlo, este se usa para fines ajenos.

Organizaciones civiles celebraron la aprobación, señalando que es un paso importante para blindar los derechos patrimoniales de sectores vulnerables. También destacaron que se requiere fortalecer la vigilancia bancaria y la cultura de denuncia, pues muchos casos no se reportan por miedo o desconocimiento de la ley.