Los 8 del Acordeón: La Controversial Victoria en las Magistraturas Penales de Michoacán

MORELIA, Michoacán, 6 de junio de 2025.— En la elección judicial extraordinaria celebrada el pasado 1 de junio, ocho de los 18 aspirantes a las magistraturas penales en Michoacán se perfilan como claros ganadores preliminares. Lo llamativo es que todos ellos aparecen en los polémicos “acordeones” que circularon semanas antes de la elección, generando inquietud sobre la transparencia y legitimidad del proceso.

Estos documentos, distribuidos de forma clandestina —ya sea entregados directamente o colocados bajo las puertas en distintas zonas del estado—, contenían una lista con los nombres que finalmente encabezan los resultados, destacándose con un margen amplio frente a sus competidores.

Los ocho aspirantes mejor posicionados, con votos que van desde los 223 mil hasta los 188 mil, son: Sandra Luz Hernández Guzmán, Laura Elena Alanís García, Martha Magaly Vega Alfaro, Manuel Padilla Téllez, Alejandra Elenni Velázquez Espino, Carlos Abraham Ayala Rodríguez, Jorge Derio Camacho Zapiain y Mario Sotelo Rodríguez.

Aunque los resultados preliminares sugieren que estos candidatos ocuparán las magistraturas penales del Poder Judicial del Estado, el proceso está marcado por la polémica. Esta es la tercera ocasión en que los resultados coinciden con los nombres filtrados en los “acordeones”, después de casos similares en otras elecciones judiciales recientes.

Diversos actores políticos han denunciado que estos documentos podrían haber sido elaborados desde Casa Michoacán para influir en el electorado, lo que ha derivado en denuncias ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE). A nivel nacional, suman ya 29 denuncias relacionadas con irregularidades similares.

El Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la tarea de confirmar oficialmente los resultados y de aplicar los criterios de paridad de género establecidos por la ley. Mientras tanto, la ciudadanía y distintos sectores vigilan con atención para exigir un proceso transparente y legítimo en la selección de quienes impartirán justicia en materia penal.

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