El cierre inesperado del Colegio Lancaster, tras casi cuatro décadas de operaciones, provocó la movilización de docentes, personal administrativo y familias, quienes denunciaron presuntas irregularidades en los procedimientos de liquidación y devolución de recursos. El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ofreció respaldo legal y acompañamiento a la comunidad educativa para que interpongan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.

Durante una reunión con afectados, el dirigente estatal Memo Valencia exhortó a padres de familia y maestros a unirse y presentar las denuncias colectivas, señalando que la actuación de los directivos del plantel podría configurar delitos como fraude, abuso de confianza y afectación directa al derecho a la educación.

De acuerdo con testimonios de docentes, se les hizo firmar documentos de renuncia bajo engaños para evitar liquidaciones conforme a la ley, situación que generó indignación entre quienes durante años prestaron sus servicios en la institución. Padres de familia manifestaron sentirse defraudados al no recibir explicaciones claras ni la devolución de inscripciones anticipadas para el ciclo escolar 2025-2026.

El PRI, a través de su Centro de Atención a Víctimas, impulsará acciones legales para garantizar que el cierre del plantel no quede impune y que los trabajadores obtengan el pago de prestaciones y finiquitos que la ley establece. Además, se hará énfasis en la protección de los derechos de niñas y niños, quienes se quedaron sin espacio escolar de manera intempestiva.

La dirigencia partidista subrayó que este caso refleja la urgencia de fortalecer mecanismos de supervisión y regulación en instituciones educativas privadas, para prevenir abusos y asegurar que las familias tengan certidumbre sobre la continuidad académica y la correcta aplicación de recursos financieros.